En el marco de una investigación judicial que lleva adelante el fiscal federal Claudio Kishimoto por supuestos hechos de corrupción en el uso de fondos enviados al municipio por el gobierno nacional para invertir en seguridad, este lunes un grupo de concejales se reunió con el funcionario para analizar los pormenores de la causa. Fuentes judiciales confiaron a 0223.com.ar que existirían grandes sospechas de una posible “malversación de fondos públicos” y que “hay elementos concretos” que garantizan el avance de la pesquisa.
A raíz de un artículo periodístico publicado en 0223.com.ar a mediados de julio del año pasado, el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, actuó de oficio y denunció presuntas irregularidades en el destino de los casi 14 millones de pesos que envió el Gobierno Nacional al municipio de General Pueyrredon para invertir en materia de seguridad.
En tanto, en el marco de la investigación que actualmente lleva adelante el fiscal federal Claudio Kishimoto, este lunes los concejales José Cano, Guillermo Schütrumpf, Vilma Baragiola y Carlos Arroyo se reunieron con el funcionario judicial para abordar los pormenores de la causa.
0223.com.ar intentó dialogar con los ediles involucrados pero dos de ellos se limitaron a confirmar la existencia de la reunión y se negaron a brindar más detalles por temor “a perjudicar el avance de la causa judicial”. Los otros dos, por su parte, no respondieron los llamados telefónicos.
No obstante, fuentes judiciales confiaron a este vespertino digital que el eje del encuentro fueron los presuntos “hechos de corrupción de la gestión” municipal en el manejo de los fondos del Programa de Seguridad Ciudadana ya que “se habrían hecho gastos que no estaban permitidos” por el plan.
Según las mismas fuentes, existirían “serios inconvenientes con la adquisición de los teléfonos Nextel” ante un posible “desbarajuste” entre “el número de los teléfonos contratados y el número que figura en la compra, además que no se sabe quién los tiene”.
A su vez, indicaron que estaría comprobada la “negligencia” y hasta “se podría hablar de malversación de fondos”.
También señalaron que habría “muchas dudas con el tema de las cámaras de seguridad” que el intendente Pulti contrató a la firma Global View por un monto cercano a los $ 6 millones. Lo mismo ocurriría con los efectivos de Prefectura Naval Argentina, contratados para patrullar las calles de la ciudad.
Por otro lado, detallaron que el procurador de la Comuna, Juan Martín Colombo, y el contador municipal, Roberto Arango, ya se presentaron a declarar en la Fiscalía. Particularmente el testimonio de éste último habría sido esclarecedor para la causa.
En ese orden, advirtieron que Kishimoto tendría “problemas” para continuar con la investigación porque sólo habría tenido acceso a “fotocopias de los expedientes” ante lo cual habría “intimado” al gobierno de Pulti a que “acercara los expedientes originales”.
Finalmente, las fuentes consultadas enfatizaron que “la causa está avanzando porque hay elementos para que avance sobre pasos ciertos”.
INSISTEN CON EL PEDIDO DE INTERPELACIÓN A PULTI
Por su parte, el concejal del Frente es Posible, Carlos Arroyo, reclamó este lunes que el intendente Pulti “se presente en el Concejo Deliberante para dar explicaciones sobre la utilización de los fondos de seguridad enviados por el gobierno nacional”. El edil pidió la interpelación del Jefe Comunal.
Arroyo fundamentó su pedido en una presentación efectuada por el Foro Municipal de Seguridad, en el que se denuncia que no se utilizaron correctamente las partidas giradas por el Estado Nacional.
“La gente quiere explicaciones, por eso, tras una presentación del Foro Municipal de Seguridad del partido de General Pueyrredon hemos decidido pedir la citación del Intendente para que dé explicaciones por incumplimientos de factores fundamentales como la utilización de 13 millones de pesos, la primera de dos cuotas, que envió el Gobierno para comprar materiales y contratar gente idónea” explicó.
Además, al expuso que su solicitud responde al artículo 108 inciso séptimo de la Ley Orgánica de las Municipalidades, “que habilita al Concejo Deliberante a requerir la comparencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo, e incluso al propio Intendente, para explicar acciones de gobierno”.
“El Foro de Seguridad sostiene que mientras los índices delictivos decrecen en gran parte del país, en nuestra ciudad crecen ya que según el último informe de la Procuraduría de la Provincia durante el año 2010 la criminalidad aumentó un 6,26 % en el Partido de General Pueyrredon, lo cual no se condice con las debidas inversiones no realizadas por el actual Intendente, Gustavo Pulti", manifestó.
En esa línea, remarcó que “no se aportaron 300.000 de pesos para mantenimiento de los móviles policiales” y que el municipio “se había comprometido en invertir 1.800.000 de pesos anuales para la instalación de un Centro de Operaciones Municipal, la contratación de policías, compra de patrulleros y la adquisición de cámaras de videos de seguridad”.
Otro de los argumentos esgrimidos por el edil fue “el supuesto incumplimiento del Programa Integral de Protección Ciudadana, a través del cual la Presidenta de la Nación otorgó 27.884.700 de pesos a fin de instalar 360 cámaras de seguridad, contratar 285 policías retirados, adquirir 45 patrulleros, crear una red vecinal de alertas e instalar un Centro de Operaciones Municipales”.
También, en el informe presentado, Arroyo subrayó que se planificó “la compra de 2147 equipos de GPS para los taxis de Mar del Plata” y se solicitó la colocación de semáforos periféricos en luz titilante durante las horas nocturnas a efectos de evitar delitos en la vía pública contra automovilistas detenidos en lugares solitarios, la cual fue aprobada, pero no puesta en práctica”.
A raíz de un artículo periodístico publicado en 0223.com.ar a mediados de julio del año pasado, el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, actuó de oficio y denunció presuntas irregularidades en el destino de los casi 14 millones de pesos que envió el Gobierno Nacional al municipio de General Pueyrredon para invertir en materia de seguridad.
En tanto, en el marco de la investigación que actualmente lleva adelante el fiscal federal Claudio Kishimoto, este lunes los concejales José Cano, Guillermo Schütrumpf, Vilma Baragiola y Carlos Arroyo se reunieron con el funcionario judicial para abordar los pormenores de la causa.
0223.com.ar intentó dialogar con los ediles involucrados pero dos de ellos se limitaron a confirmar la existencia de la reunión y se negaron a brindar más detalles por temor “a perjudicar el avance de la causa judicial”. Los otros dos, por su parte, no respondieron los llamados telefónicos.
No obstante, fuentes judiciales confiaron a este vespertino digital que el eje del encuentro fueron los presuntos “hechos de corrupción de la gestión” municipal en el manejo de los fondos del Programa de Seguridad Ciudadana ya que “se habrían hecho gastos que no estaban permitidos” por el plan.
Según las mismas fuentes, existirían “serios inconvenientes con la adquisición de los teléfonos Nextel” ante un posible “desbarajuste” entre “el número de los teléfonos contratados y el número que figura en la compra, además que no se sabe quién los tiene”.
A su vez, indicaron que estaría comprobada la “negligencia” y hasta “se podría hablar de malversación de fondos”.
También señalaron que habría “muchas dudas con el tema de las cámaras de seguridad” que el intendente Pulti contrató a la firma Global View por un monto cercano a los $ 6 millones. Lo mismo ocurriría con los efectivos de Prefectura Naval Argentina, contratados para patrullar las calles de la ciudad.
Por otro lado, detallaron que el procurador de la Comuna, Juan Martín Colombo, y el contador municipal, Roberto Arango, ya se presentaron a declarar en la Fiscalía. Particularmente el testimonio de éste último habría sido esclarecedor para la causa.
En ese orden, advirtieron que Kishimoto tendría “problemas” para continuar con la investigación porque sólo habría tenido acceso a “fotocopias de los expedientes” ante lo cual habría “intimado” al gobierno de Pulti a que “acercara los expedientes originales”.
Finalmente, las fuentes consultadas enfatizaron que “la causa está avanzando porque hay elementos para que avance sobre pasos ciertos”.
INSISTEN CON EL PEDIDO DE INTERPELACIÓN A PULTI
Por su parte, el concejal del Frente es Posible, Carlos Arroyo, reclamó este lunes que el intendente Pulti “se presente en el Concejo Deliberante para dar explicaciones sobre la utilización de los fondos de seguridad enviados por el gobierno nacional”. El edil pidió la interpelación del Jefe Comunal.
Arroyo fundamentó su pedido en una presentación efectuada por el Foro Municipal de Seguridad, en el que se denuncia que no se utilizaron correctamente las partidas giradas por el Estado Nacional.
“La gente quiere explicaciones, por eso, tras una presentación del Foro Municipal de Seguridad del partido de General Pueyrredon hemos decidido pedir la citación del Intendente para que dé explicaciones por incumplimientos de factores fundamentales como la utilización de 13 millones de pesos, la primera de dos cuotas, que envió el Gobierno para comprar materiales y contratar gente idónea” explicó.
Además, al expuso que su solicitud responde al artículo 108 inciso séptimo de la Ley Orgánica de las Municipalidades, “que habilita al Concejo Deliberante a requerir la comparencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo, e incluso al propio Intendente, para explicar acciones de gobierno”.
“El Foro de Seguridad sostiene que mientras los índices delictivos decrecen en gran parte del país, en nuestra ciudad crecen ya que según el último informe de la Procuraduría de la Provincia durante el año 2010 la criminalidad aumentó un 6,26 % en el Partido de General Pueyrredon, lo cual no se condice con las debidas inversiones no realizadas por el actual Intendente, Gustavo Pulti", manifestó.
En esa línea, remarcó que “no se aportaron 300.000 de pesos para mantenimiento de los móviles policiales” y que el municipio “se había comprometido en invertir 1.800.000 de pesos anuales para la instalación de un Centro de Operaciones Municipal, la contratación de policías, compra de patrulleros y la adquisición de cámaras de videos de seguridad”.
Otro de los argumentos esgrimidos por el edil fue “el supuesto incumplimiento del Programa Integral de Protección Ciudadana, a través del cual la Presidenta de la Nación otorgó 27.884.700 de pesos a fin de instalar 360 cámaras de seguridad, contratar 285 policías retirados, adquirir 45 patrulleros, crear una red vecinal de alertas e instalar un Centro de Operaciones Municipales”.
También, en el informe presentado, Arroyo subrayó que se planificó “la compra de 2147 equipos de GPS para los taxis de Mar del Plata” y se solicitó la colocación de semáforos periféricos en luz titilante durante las horas nocturnas a efectos de evitar delitos en la vía pública contra automovilistas detenidos en lugares solitarios, la cual fue aprobada, pero no puesta en práctica”.
AUTOR / FUENTE: Luciana Acosta
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