Hace a la vida de todo Estado el derecho de acceso a la información pública, de modo que los ciudadanos puedan conocer en detalle los problemas que les son comunes; controlar el manejo de los fondos públicos y la labor de los funcionarios.
El ocultamiento y la prohibición del acceso a la información pública eliminan toda posibilidad de control acerca de la actuación de los poderes del Estado y echa un manto de sospecha sobre la transparencia de estos actos.
De la misma forma limitar el acceso a la información pública deja sin efecto los reclamos y peticiones que la Constitución Nacional reconoce a los ciudadanos.
El conocimiento de la gestión de gobierno alienta la transparencia y desalienta las prácticas corruptas y los vicios en la tarea de gobernar.
Desde el Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo aseguraron que acceder a la información pública de la Comuna “es muy difícil” porque el gobierno de Pulti “no responde los pedidos de informes o bien, se lo hace en forma parcial o con evasivas”. Según dijeron, el hecho de que los funcionarios no contesten los requerimientos implica una “falta grave”, teniendo en cuenta que “deben responder sobre cómo se administra el dinero de la gente”.
En primer lugar, la Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices, subrayó que el acceso a la información pública “es un derecho de todos los ciudadanos porque hay una ordenanza que así lo establece”.
“Es una obligación y los funcionarios deben recordar que por más cómodos que se sientan en el Estado, deben responder sobre cómo se administra el dinero de la gente”, sostuvo, al tiempo que advirtió que “hay algunos que creen que todo pasa por ellos y ellos deberían tener un poco más de respeto por la gente”.
Según contó, a la Defensoría “llegaron muchos ciudadanos quejándose porque no habían podido tener acceso a la información porque no se la han dado o tardaban en proporcionársela”.
“En nuestro caso, que consultamos aquello que tiene que ver con el personal o con el cumplimiento de los funcionarios -toda información pública-, hay funcionarios que sí contestan pero otros que nos la retacean”, explicó.
Y aseveró: “En lo personal, quien no me ha dado información durante el último año es el titular de la Oficina para la Descentralización y Mejora de la Administración, Santiago Boniffati, a quien he requerido información relacionada con el pago de bonificaciones y temas que tienen que ver con personal municipal”.
También señaló que “hay otros funcionarios a los que uno tiene que remitirle varias veces las notas” y otros que “no contestan sobre determinados temas”. “Es más, tengo un expediente iniciado en la Defensoría por los Foros de Seguridad por el dinero que se aprobaba por ordenanza para combustible, el arreglo de patrulleros y demás, en el que nunca logré que informe la propia municipalidad sobre la ejecución de los fondos”, ejemplificó.
En tanto, Felices consideró que el hecho de que “alguien intente no otorgar la información pública debería ser visto como una falta grave porque por un lado se garantiza la transparencia del acto público, pero además, es importante aclarar que se están manejando los fondos de la gente y la gente tiene todo el derecho de saber cómo se han administrado estos fondos”.
“No dar la información por distintos pensamientos tiene que ver con que alguien sospeche que las cosas no se hicieron bien o de la mejor manera”, finalizó.
Por su parte, el concejal del GEN, Guillermo Schütrumpf, coincidió en que “es muy difícil que el gobierno de Pulti responda los pedidos de informe y más aún para los ciudadanos comunes, que buscan acceder a la información pública”.
“La mayoría de los pedidos de informes no se contestan, o se contestan con evasivas o parcialmente y eso es muy grave porque lo que se busca con esto muchas veces es tener datos concretos para avanzar un proyecto determinado y no siempre se pretende meter el dedo en la llaga como ellos creen”, aseguró.
En ese orden, el edil observó que “al no contestar los informes y al no cumplir con las ordenanzas, le restan transparencia a la función pública”, además de que “no están cumpliendo con el precepto constitucional que establece que se debe informar todo lo que tenga que ver con los actos públicos”. Por ello, a su entender, se estaría frente “a un incumplimiento de los deberes de funcionario”.
En otro párrafo, Schütrumpf destacó que “la única que marca la diferencia es el área de Referencia Legislativa que tiene funcionarios de carrera que brindan permanentemente información”. “Es decir, es cuestión de poner voluntad”, opinó.
En el otro extremo, ubicó a la Oficina para la Descentralización y Mejora de la Administración: “Boniffati no informa, incluso recuerdo que ante el pedido de un expediente de parte de José Cano, había dado instrucciones precisas de que no se lo dieran”, manifestó.
Por último, razonó que “hay funcionarios que no se manejan en forma muy democrática” que forma parte de “un estilo y una formación que tienen”.
El ocultamiento y la prohibición del acceso a la información pública eliminan toda posibilidad de control acerca de la actuación de los poderes del Estado y echa un manto de sospecha sobre la transparencia de estos actos.
De la misma forma limitar el acceso a la información pública deja sin efecto los reclamos y peticiones que la Constitución Nacional reconoce a los ciudadanos.
El conocimiento de la gestión de gobierno alienta la transparencia y desalienta las prácticas corruptas y los vicios en la tarea de gobernar.
Desde el Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo aseguraron que acceder a la información pública de la Comuna “es muy difícil” porque el gobierno de Pulti “no responde los pedidos de informes o bien, se lo hace en forma parcial o con evasivas”. Según dijeron, el hecho de que los funcionarios no contesten los requerimientos implica una “falta grave”, teniendo en cuenta que “deben responder sobre cómo se administra el dinero de la gente”.
En primer lugar, la Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices, subrayó que el acceso a la información pública “es un derecho de todos los ciudadanos porque hay una ordenanza que así lo establece”.
“Es una obligación y los funcionarios deben recordar que por más cómodos que se sientan en el Estado, deben responder sobre cómo se administra el dinero de la gente”, sostuvo, al tiempo que advirtió que “hay algunos que creen que todo pasa por ellos y ellos deberían tener un poco más de respeto por la gente”.
Según contó, a la Defensoría “llegaron muchos ciudadanos quejándose porque no habían podido tener acceso a la información porque no se la han dado o tardaban en proporcionársela”.
“En nuestro caso, que consultamos aquello que tiene que ver con el personal o con el cumplimiento de los funcionarios -toda información pública-, hay funcionarios que sí contestan pero otros que nos la retacean”, explicó.
Y aseveró: “En lo personal, quien no me ha dado información durante el último año es el titular de la Oficina para la Descentralización y Mejora de la Administración, Santiago Boniffati, a quien he requerido información relacionada con el pago de bonificaciones y temas que tienen que ver con personal municipal”.
También señaló que “hay otros funcionarios a los que uno tiene que remitirle varias veces las notas” y otros que “no contestan sobre determinados temas”. “Es más, tengo un expediente iniciado en la Defensoría por los Foros de Seguridad por el dinero que se aprobaba por ordenanza para combustible, el arreglo de patrulleros y demás, en el que nunca logré que informe la propia municipalidad sobre la ejecución de los fondos”, ejemplificó.
En tanto, Felices consideró que el hecho de que “alguien intente no otorgar la información pública debería ser visto como una falta grave porque por un lado se garantiza la transparencia del acto público, pero además, es importante aclarar que se están manejando los fondos de la gente y la gente tiene todo el derecho de saber cómo se han administrado estos fondos”.
“No dar la información por distintos pensamientos tiene que ver con que alguien sospeche que las cosas no se hicieron bien o de la mejor manera”, finalizó.
Por su parte, el concejal del GEN, Guillermo Schütrumpf, coincidió en que “es muy difícil que el gobierno de Pulti responda los pedidos de informe y más aún para los ciudadanos comunes, que buscan acceder a la información pública”.
“La mayoría de los pedidos de informes no se contestan, o se contestan con evasivas o parcialmente y eso es muy grave porque lo que se busca con esto muchas veces es tener datos concretos para avanzar un proyecto determinado y no siempre se pretende meter el dedo en la llaga como ellos creen”, aseguró.
En ese orden, el edil observó que “al no contestar los informes y al no cumplir con las ordenanzas, le restan transparencia a la función pública”, además de que “no están cumpliendo con el precepto constitucional que establece que se debe informar todo lo que tenga que ver con los actos públicos”. Por ello, a su entender, se estaría frente “a un incumplimiento de los deberes de funcionario”.
En otro párrafo, Schütrumpf destacó que “la única que marca la diferencia es el área de Referencia Legislativa que tiene funcionarios de carrera que brindan permanentemente información”. “Es decir, es cuestión de poner voluntad”, opinó.
En el otro extremo, ubicó a la Oficina para la Descentralización y Mejora de la Administración: “Boniffati no informa, incluso recuerdo que ante el pedido de un expediente de parte de José Cano, había dado instrucciones precisas de que no se lo dieran”, manifestó.
Por último, razonó que “hay funcionarios que no se manejan en forma muy democrática” que forma parte de “un estilo y una formación que tienen”.
AUTOR / FUENTE: Luciana Acosta
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